El gobernador, Edgar Díaz Contreras y el vicepresidente de la República Angelino Garzón, fueron los encargados de clausurar el “Foro Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” que se realizó durante el 2 y 3 de noviembre en el hotel Casa Blanca.
“Estas mesas de garantías y audiencias regionales que viene liderando el Vicepresidente, nos permite acércanos a los diálogos sociales regionales que propone la vicepresidencia para el seguimiento y el planteamiento de las recomendaciones internacionales al Estado Colombiano en materia de DD.HH.”, expreso, Díaz Contreras.
El jefe de la administración departamental, dijo que Norte de Santander, está dispuesto a construir un proceso abierto de diálogo social para la formulación y la generación de un escenario propicio para discutir los temas de DD.HH. logrando que la ciudadanía participe de una manera activa.
El gobernador de los nortesantandereanos, expresó la necesidad de construir una política pública en materia de Derechos Humanos, por toda la violencia que ha vivido el departamento, aportando en cifras alarmantes muertes violentas, secuestros, mutilaciones por minas antipersonales, ataques terroristas y familias desplazadas.
El vicepresidente, Angelino Garzón, felicitó al gobernador, Edgar Díaz Contreras, por el compromiso de apoyar a las organizaciones y sindicatos en defender sus derechos humanos y crear modelos apoyando a las víctimas en construir un proyecto de vida.
Así mismo, el alto funcionario manifestó que las conclusiones abordadas en las siete mesas de trabajo se las entregará al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Ministros, Senadores y Congresistas; con el objetivo que tengan en cuenta y sean atendidas las peticiones y necesidades que han expresado los nortesantandereanos, al igual los derechos humanos que se les han violado a las víctimas del conflicto armado.
Por último, precisó que en diciembre del presente año se realizará en Bogotá la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, que tiene como fin acordar un programa entre el Gobierno Nacional, instituciones del Estado como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, así como la sociedad civil y la comunidad internacional, vinculando activamente a los gobiernos locales y regionales, para garantizar políticas a favor de los derechos humanos y luchar a fondo contra la impunidad, la corrupción y lograr así una cultura de paz en Colombia.
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